Cuando un periodista ganador de un Premio Pulitzer reveló recientemente que vivía ilegalmente en EE.UU., dos de las personas que tuvieron una influencia importante en su vida y que ayudaron a mantener su secreto resultaron ser profesores. Es una historia que profesores y directores de escuelas en todo el país conocen bien.
Rich Fischer y Pat Hyland eran administradores escolares en la ciudad de Mountain View en California, sede de Google y otras compañías de tecnología, en 2000 cuando un estudiante filipino, José Antonio Vargas, estaba por graduarse. Vargas se destacó en el bachillerato pero no podía ir la universidad por su condición de indocumentado y por el coste económico.
Rich Fischer y Pat Hyland eran administradores escolares en la ciudad de Mountain View en California, sede de Google y otras compañías de tecnología, en 2000 cuando un estudiante filipino, José Antonio Vargas, estaba por graduarse. Vargas se destacó en el bachillerato pero no podía ir la universidad por su condición de indocumentado y por el coste económico.
Fischer y Hyland contemplaron la posibilidad de adoptar a Vargas, aunque finalmente no fue necesario pues le encontraron una beca para la Universidad de Estado de San Francisco. Vargas tuvo éxito en la universidad y consiguió una pasantía y luego un trabajo permanente en el periódico The Washington Post. Consiguió la pasantíagracias a que le ayudaron a obtener una licencia de conducir.
“No estoy seguro que lo hubiera logrado sin ellos”, dijo Vargas, quien formó parte de un equipo de periodistas de The Washington Post que ganó un Premio Pulitzer por su cobertura de la masacre en la universidad Virginia Tech en 2007.
Con unos 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, los educadores se ven cada vez más en un tortuoso dilema: entre su obligación de educar y las directrices contradictorias –o a veces inexistentes– sobre si deben ayudar a esos estudiantes.
Policías y legisladores en algunos estados quieren que las escuelas ayuden a identificar a inmigrantes ilegales. Las autoridades federales, en cambio, insisten que cada niño tiene derecho de recibir una educación. Grupos de educación nacionales coinciden con las autoridades federales, pero recomiendan que las escuelas no se involucren con los asuntos de ciudadanía de los estudiantes.
A la larga, cada profesor tiene que decidir por sí mismos“Somos educadores. No trabajamos para las autoridades de inmigración”, declara Fischer“Creo que de ponerle un número al problema, se revelaría una epidemia trágica".
Los maestros en Georgia, donde una nueva ley contra la inmigración ilegal enfrenta demandas jurídicas, han estado dando apoyo a estudiantes durante años de manera similar. Pero el congreso de Alabama recientemente aprobó una ley que exige que las escuelas notifiquen la condición inmigratoria de los estudiantes.
Diversos grupos de derechos civiles solicitaron el pasado viernes a una corte federal que impida en Alabama la entrada en vigencia de una nueva ley contra la inmigración ilegal.
Según la demanda, la ley tiene una trascendencia sin precedentes y rebasa normativas similares aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia
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